Comienza el 2011 y los imperativos políticos no pueden seguir esperando. Es alarmante que la agenda progresista esté en mora, más aún en momentos en que el gobierno anuncia que será este el año de las reformas estructurales. Siete reformas que buscan profundizar el modelo de mercado en instalar una sociedad solidificada en la concepción de la eficiencia mercantil y orientada en la despolitización de la misma.
En materia de Educación Superior, el gobierno ya cuenta con una oferta que realizar al país y su envergadura no debe dejarnos ensimismados ni perplejos, por el contrario, debe encender todas las alertas y preparar la artillería para hacerle frente. Pero es acá donde debemos hacer correcciones al tradicional libreto de acción y reacción: el gobierno propone, nosotros nos movilizamos. Debemos presentar un paquete de medidas de cambio tanto estructurales como de funcionamiento. Así:
Sostener al Estado como garante real de la Educación Superior Pública y regulador de su mercado privado. El rol del Estado debe ser consistente: si este se enriquece con la productividad del capital profesional debe encargarse de sostener económica y académicamente su formación. Las universidades estatales son activos públicos que pertenecen a toda la sociedad y deben ser protegidas y sostenidas por el Estado para el cabal cumplimiento de su rol social.
Empoderar al estudiante en su carácter de miembro de una comunidad universitaria heterogénea y compleja. El estamento estudiantil, esencial e históricamente, ha sido parlante amplificador sostenido y crítico al status quo. Luego de las reformas de 1981, se procedió a colocar al estudiante como un consumidor al interior de un mercado competitivo, donde él paga por un insumo: La Educación. Hoy su conformación es estamental al interior de una comunidad, con un rol institucional y un carácter fiscalizador y programador.
Fortalecimiento de las universidades regionales. El desarrollo de las regiones está promovido principalmente por sus universidades, las que generan un fuerte nexo cultural y de identidad. La oferta educacional en las regiones del país debe ser de la más alta calidad y excelencia; el Estado debe sostener el mantenimiento y crecimiento de las mismas implementando, si es necesario, asignaciones especiales.
Financiamiento proveniente de aportes del Estado y no de las familias. Fortalecimiento de la oferta educacional, mediante el aumento del Aporte Fiscal Directo y eliminación del Aporte Fiscal Indirecto basados en criterios competitivos y sin contenido público, son las principales demandas en este sentido.
La defensa de la Educación Pública debe mantenerse intacta y perenne, nuestro deber es inyectarle vitalidad al movimiento estudiantil y la unidad de las fuerzas políticas de oposición, un deber imperativo.
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