Mientras era candidato, Sebastián Piñera declaraba que durante su administración se cerraría el periódico La Nación, que ha funcionado durante casi un siglo, donde el Estado tiene una importante participación. Una línea editorial rastrera con el gobierno de turno y un ciclo económico poco saludable fueron las razones esgrimidas.
La impopularidad de esta determinación no debe nublar su bagaje ideológico: el Estado no debe poseer medios de comunicación (o ningún medio de producción de contenidos simbólicos). En ese caso, no debería mantenerse la versión web de La Nación, y también deberíamos desde ya planificar la privatización de TVN, que a pesar de ser un órgano autónomo, el directorio político y el autofinanciamiento condicionan su línea editorial al lastre de las cúpulas gobernantes y a la orientación comercial de su programación y comportamiento corporativo.
La Moneda ha realizado esta maniobra solamente con objeto de negociar con los accionistas privados de La Nación, reservando la posibilidad de “resucitar” el medio (mantienen la propiedad sobre la imprenta) y abandonando el espíritu liberal de su decisión. En ese sentido, han actuado igual que las restantes administraciones al usurpar un medio fiscal para el proselitismo de turno.
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