Ley del tabaco y el carácter público

Gustavo GómezEl desarrollo de campañas comunicacionales y el contenido de sus iniciativas políticas y sanitarias, se han centrado en hacer notar a la opinión pública que el tabaco, su consumo y comercialización, es un asunto de salud pública, y por tanto, es el Estado el que debe velar por el cuidado de los consumidores del “segundo humo”. La verbosidad argumentativa no es insumada -en esta nueva etapa- por el cáncer a la laringe o a los pulmones, sino por el daño que provocan los fumadores a aquellos que no cultivan éste vicio. Por tanto, el Estado mediante sus instituciones debe asegurar ambientes libres de humo donde no existan peligros para la salud (pública) de las personas.

Argumentaciones como las acá presentadas intentan soslayar, entre otras cosas, el contraargumento de la libertad individual y la autodeterminación, derechos que se han instalado (o empezado a instalar) como infranqueables para el grupo social.

Ahora bien, ¿no es el abortar una elección individual y autodeterminada? ¿El consumo de drogas no es propio de una elección individual? ¿Son el aborto, el consumo de drogas y la eugenesia asuntos de salud pública que deben ser prohibidos por el Estado?

Todas estas acciones están dentro del campo de la libertad individual y la autodeterminación, por tanto, su prohibición por parte del Estado, sólo debe ser entendida cuando estas acciones atenten contra un interés público. Hasta la fecha, los argumentos vertidos son sólo de carácter naturalista, religioso, metafísico, valórico y clerical, carentes de contenido público, que por cierto no son pertinentes a un Estado laico. Éstos tienen un fuerte contenido moral y una aparente jerarquía de interés público lograda por la influencia conservadora y valórica de ancianas instituciones y sus lacayos.

Los logros políticos y comunicacionales obtenido por las organizaciones de salud durante estos días, nos hacen pensar que la defensa del interés público, mediante las instituciones del Estado, se puede lograr en base a una discusión amplia y pluralista donde el interés común (público) prime por sobre los intereses valórico-religiosos.

Un Estado laico y pluralista debe vestirse con los trajes de la sociedad y su democracia, que son los manufactureros de lo público. Y botar los ropajes decimonónicos de la sociedad confesional y moral. La misma fuerza que nos motiva a defender una sociedad que defina por sí misma lo público, nos debe llevar a caminar unos metros para encender un cigarrillo.

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