Según consta en el acta de la última reunión, sus integrantes sancionaron al decano de la TV chilena con el doble del castigo impuesto a los otros canales nacionales por la cobertura que dieron al asesinato cometido en agosto del 2009 en Valparaíso, lo que parece insólito considerando la seriedad de esta estación; el apego a los principios cristianos que tiene la entidad dependiente de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso; y a que enfrente habían medios que hacen de la truculencia un hábito en el tratamiento de los casos policiales, como Chilevisión o Mega.

El Consejo no toleró el uso de términos comunes dentro del periodismo actual, calificando de sensacionalistas frases como “crimen tan horrendo con una pequeña de tan sólo 5 año de edad”; o que el conductor se refiriera a lo sucedido como “un hecho repudiable, criminal, atroz”; y hasta cuestiona el uso del espacio para que la gente opine y el empleo de un artilugio tan común como los despachos en vivo del lugar de los hechos. ¿Será que el CNTV quiere regular casi dictatorialmente la manera en que la tevé nos informa de hechos que merecen una total condena pública?

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El Ministerio Público solicitó una pena de cadena perpetua efectiva, consistente en 40 años de cárcel y sin beneficios para Saavedra, quien durante la investigación hizo uso de su derecho a guardar silencio.

El imputado del crimen habría secuestrado a la niña viñamarina el 1 de agosto del 2009 cuando fue con sus familiares a visitar a su abuela paterna al sector de La Laguna, en Valparaíso.

Las sospechas recayeron de inmediato sobre él, porque a las pocas horas de la desaparición los vecinos lo vieron saliendo del barrio con un enorme bolso, en el que habría sacado a la niña del sector.

Su cuerpo fue hallado el 3 de agosto en las inmediaciones de la roca conocida como la Piedra Feliz, en la Ciudad Puerto, y los peritajes evidenciaron que habría sido violada tanto anal como vaginalmente, y que aún respiraba cuando fue lanzada al mar, donde murió.

La defensa del inculpado será llevada por el abogado particular Carlos Lineros –contratado por sus familiares- y en representación del Ministerio Público actuará el fiscal jefe de Valparaíso, Pablo Gómez.

Originalmente el juicio se iba a realizar el 2 de marzo, pero el terremoto del 27 de febrero dejó con muchos daños el Tribunal Oral en lo Penal del Puerto, por lo que debió posponerse hasta el 3 de mayo.